Apenas iniciado el nuevo periodo legislativo, ya se vive el primer enfrentamiento disciplinario entre bancadas. Esta vez, el protagonista es el asambleísta correísta Ronal González, quien el 26 de mayo usó un megáfono en el Pleno de la Asamblea para denunciar que no se le daba la palabra a su bancada, la Revolución Ciudadana.
Según la legisladora Diana Jácome, de Acción Democrática Nacional (ADN), la acción fue premeditada y buscaba confrontar e intimidar a otros legisladores. En la queja formal presentada el 28 de mayo al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, se asegura que González gritó frases como “¿sí me escuchas, sinvergüenza?”, en tono ofensivo y violento.
El uso del megáfono fue calificado como un “acto de desacato simbólico” y una “burla directa” al funcionamiento democrático. La acción habría violentado dos numerales del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben expresamente:
Provocar incidentes violentos o instigar a la violencia.
Usar expresiones ofensivas, discriminatorias o que inciten al odio.
Ambas conductas son consideradas faltas administrativas muy graves, cuya sanción puede ser de 30 a 90 días de suspensión sin remuneración. Jácome exige que se aplique la máxima sanción.
El caso será evaluado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que actualmente tiene mayoría oficialista. La decisión que tome el CAL será clave para marcar el tono con el que se manejarán los conflictos en esta nueva Asamblea.
